Editorial
Las elecciones estatales del 2 de Agosto en Oaxaca convalidaron–según la prensa y los informes oficiales–los “eternos” resultados triunfalistas en favor del partido oficial. Así es cómo a partir de este primero de Diciembre contaremos con un nuevo gobernador del estado. Durante su campaña titulada “consulta estatal para el progreso”, el gobernador electo Diódoro Carrasco Altamirano, ex-senador priista, y su equipo, realizaron alrededor de setenta foros regionales y dieciocho estatales. Según los estrategas oficiales esa “consulta” dará el perfil del programa de gobierno l992-l998.
De todos los temas presentados en estos foros brilló por su ausencia uno específico. Se trata del problema relacionado con los trabajadores migrantes oaxaqueños. Esto resulta increíble, porque los trabajadores migrantes constituímos una de las tres principales fuentes de contribución a la economía de Oaxaca. Los esfuerzos que los gobiernos estatales y federales han hecho para mejor los niveles de vida de los trabajadores migrantes han resultado inoperantes, y por lo tanto irrelevantes. En el valle de San Quintín y la frontera norte (Tijuana), Baja California norte, así como en los Estados Unidos de Norteamérica los oaxaqueños continúan enfrentando problemas de desempleo, vivienda, insalubridad, extorsión y agresión política, violación a los derechos humanos de mujeres, niños y hombres, ausencia de derechos laborales, y también desintegración cultural.
Ante esto el gobierno de Oaxaca debe asumir una actitud más seria y responsable en la búsqueda de soluciones efectivas a la problemática de los trabajadores migrantes. Esto significa la participación democrática de los sujetos en cuestión a través de organizaciones realmente representativas. Ya es hora de desechar el apoyo oficial a personas politiqueras, aquellas que no tienen representación de base, mezquinas y oportunistas. Es hora de escuchar a las organizaciones nuevas y de base, y resolver eficientemente los problemas que nos aquejan ya por mucho tiempo.
