Constitucionalismo y Derechos Indígenas en Oaxaca.

Junio 2, 1999 at

Francisco López Bárcenas

Introducción

Los Pueblos Indígenas de Oaxaca y las comunidades que los integran tienen una larga historia y tradición de lucha en defensa de sus derechos, que han sabido combinar para relacionarse con el Estado y el resto de la sociedad manteniendo su identidad étnica. Esto se ha reflejado en las constituciones y leyes que han normado la vida política de esta entidad federativa desde antes de la federación mexicana y después como parte integrante de ella. Tan solo en la presente década se han realizado tres modificaciones a la Constitución y alrededor de once leyes incorporan dentro de su cuerpo normativo disposiciones sobre la materia, además de una ley específica, supletoria de todas las anteriores.

El presente texto es un análisis del contenido de la Constitución Política del Estado de Oaxaca en materia de derechos indígenas. Se ha buscado presentarlo de manera sistemática, tarea nada fácil por la ausencia de unidad en las normas que los contienen, dentro de las cuales podemos encontrar muchas repeticiones y normas declarativas mas que prescriptivas, que son las propias del derecho. Se trata de un análisis formal aunque en la medida de lo necesario se hace referencia a la situación social en que se dieron las reformas -las fuentes reales según la jerga jurídica- y las leyes reglamentarias derivadas de ella, a fin de que el lector tenga una referencia de las condiciones que permitieron la aprobación de las normas respectivas.

1. Los primeros años de independencia

El debate sobre los derechos indígenas en Oaxaca tiene raíces profundas que se remontan a tiempos anteriores a la formación del Estado. La Ley Orgánica para el Gobierno del Estado de Oaxaca, antecesora de su primera Constitución, ya reconocía en su artículo primero que el estado se componía “de todos los pueblos y partidos que antes formaban la provincia de ese nombre”. La disposición se retomó el 10 de enero de 1825, al promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y síndicos, siempre que su población llegara a tres mil “almas” o que sin tenerlas contaran con suficiente ilustración, industria y otras circunstancias particulares que los hicieran merecedores de contar con ese tipo de autoridad.

En alusión directa a los pueblos indígenas y sus comunidades, el artículo 161 del Código fundamental del Estado establecía: “En los demás pueblos en que no tenga lugar el establecimiento de ayuntamientos, habrá una municipalidad que se llamará con el nombre conocido de república, la cual tendrá por lo menos un alcalde y un regidor. La ley determinará el número de alcaldes y regidores de que deberán componerse, con proporción al vecindario”. De esta forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión española.

De entonces es también la tendencia a reconocer a los pueblos y las comunidades al mismo tiempo que se le restan facultades, relegándolas solo a la organización de los servicios públicos como establecer y cuidar de las escuelas primarias, construcción reparación y limpieza de caminos, puentes, cárceles, terrenos de uso común y de salud pública, entre otros. En el terreno político se les ha considerado como auxiliares de los Ayuntamientos municipales, igual que lo hace hoy en día la Ley Orgánica Municipal.

2. Reforma y Revolución

La segunda Constitución Política del Estado, la del 15 de septiembre de 1857, estatuyó que la división administrativa de Oaxaca se establecería a través de distritos y municipios. Los pueblos y las repúblicas desaparecieron, pero en cambio se reconoció facultad a los Ayuntamientos “para administrar los bienes comunales y las casas de beneficencia de instrucción primaria”. La importancia de esta disposición no se nota si se desliga del hecho que el artículo 27 de la Constitución Federal, promulgada el 5 de febrero del mismo año, prohibía a las corporaciones civiles, entre ellas las comunidades, administrar bienes rústicos. Solo que el gobernador del Estado, Don Benito Juárez, como jurista que era, supo entender el verdadero propósito de esa disposición y buscar la salida adecuada para no violentar los intereses de los pueblos. Por cierto, el 2 de julio de 1848, cuando el Congreso del Estado abrió sus sesiones, el indígena zapoteco, portando ya la investidura de gobernador, se dirigió a sus integrantes para defender el derecho de los pueblos indígenas del Estado para elegir a sus autoridades de acuerdo a su costumbre la que, afirmaba, “lejos de obstruir, expedita la marcha de la administración de la justicia”. Ojalá y quienes usan a Juárez para fundamentar su oposición al reconocimiento de los derechos indígenas, se preocuparan por conocer un poco más sus posiciones concretas sobre el tema.

Esta tendencia de incorporar la existencia de los pueblos indígenas y sus derechos en la Constitución del Estado, desapareció después de la revolución de 1910 y la Constitución Federal de febrero de 1917. La idea de que sus demandas se satisfacían con el reconocimiento de la comunidad agraria y los planes para incorporarlos a la “cultura nacional” también prevalecieron en Oaxaca.

Así permanecieron hasta la década de los ochenta, fecha en que de manera restringida y a cuentagotas, de acuerdo a la fuerza del movimiento indígena y la voluntad política del gobierno en turno, se comenzó a legislar sobre la materia. Desde entonces se ha venido avanzando en ese sentido, poco a poco, hasta llegar a colocarse como el Estado con la legislación más avanzada en la materia, aunque sin resolver la totalidad de las demandas indígenas, por oposición de algunos sectores sociales a ello, lo mismo que por limitaciones que la Constitución Federal impone a las legislaturas para legislar en esta materia..

El Estado cuenta entre sus méritos haber sido el primero de la república mexicana que comenzó a legislar en materia de derechos indígenas, mucho antes incluso de que el gobierno federal firmara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el año de 1989, y por lo mismo antes de que se reformara el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde por primera vez se reconoció la pluriculturalidad de la nación mexicana sustentada en la presencia de sus pueblos indígenas y algunos derechos culturales de ellos.

Desde el año de 1986 el Estado de Oaxaca comenzó a incorporar en sus leyes algunas disposiciones relativas a la población indígena; aunque todavía se trataba de derechos individuales y no colectivos, de pueblos, como tal es su naturaleza. Fue en materia de procuración e impartición de justicia en donde se reflejó por primera vez la preocupación por la violación de los derechos de las personas pertenecientes a algún pueblo indígena de los 16 que existen en el Estado. El 26 de septiembre de 1986 se promulgó la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Indígena. Por medio de ella se creaba una Procuraduría con carácter de organismo público, encargado principalmente de “luchar contra la opresión y la injusticia que sufre un sinnúmero de etnias indígenas que habitan en el Estado de Oaxaca”. Entre sus objetivos estaba buscar un desarrollo social para los indígenas, que se expresará en el correcto ejercicio de sus derechos civiles y políticos y en la dignificación de su lengua y su cultura.

Esta situación se mantuvo en esos términos durante un lustro, hasta el año de 1990 en que titular del Poder Ejecutivo del Estado promovió reformas substanciales a la Constitución, en las cuales se reconocía a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y con ello también algunos de sus derechos que como tales les corresponden.

3. La época contemporánea

Las reformas de 1990 fueron resultado de cuatro factores fundamentales, dos de carácter externo y otros tantos que obedecían a situaciones específicas del Estado. En el primer caso el Estado mexicano ya había signado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Relativo a Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, documento internacional en el cual por primera vez se contemplaron algunos derechos para los pueblos indígenas; asimismo, el 28 de febrero de 1992, el Congreso de la Unión, por iniciativa del Presidente de la república, adicionó un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Federal, a través del cual se reconocía la composición pluricultural de la Nación mexicana, cuyo sustento se encontraba en la presencia de los pueblos indígenas. En ese mismo precepto constitucional se establecía que una norma de carácter secundario protegería y promovería el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y recursos. Un texto bastante limitado en relación a las demandas y necesidades de los pueblos pero a la vez un gran avance si se toma en cuenta que nunca antes en la historia de México como país independiente se había realizado un acto similar. Estas reformas, es necesario no olvidarlo, se dieron en medio del revuelo que había suscitado en todo el Continente Americano la cercanía de los quinientos años de la invasión española a estas tierras.

A nivel local las reformas respondían a una tenaz lucha de los pueblos y las comunidades indígenas por defender sus derechos, situación que se conjugó con el ascenso al Poder Ejecutivo del licenciado Heladio Ramírez López, un ciudadano que se autoidentificaba como indígena mixteco, a lo cual agregó un discurso indigenista con el cual buscaba capitalizar políticamente un aparente pacto entre las etnias y su gobierno.

El nueve de agosto de 1990 el gobernador del Estado presentó ante la Cámara de Diputados su propuesta de reformas en materia de derechos indígenas. En ella reconocía lo significativo que era el hecho de que Oaxaca siendo el Estado mas pluriétnico del país, su Constitución no mencionara, en ninguna de sus partes, la situación relativa a las minorías étnicas que lo integran y forman la sociedad oaxaqueña.

El 29 de octubre de ese mismo año se publicaron en el Diario Oficial del Estado las mencionadas reformas. El 13 mayo de 1995, como resultado de la presión del movimiento indígena y el deseo del gobierno de legitimarse ante ellos, se reformaron algunos disposiciones para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a elegir sus autoridades internas según sus tradiciones y prácticas democráticas, reglamentándose en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, modificándose nuevamente en febrero de 1997 para precisar ese derecho.

A estas reformas se unen las del 6 de junio de 1998 y la aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas sobre el tema. En estas últimas influyó bastante la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas desatada en todo el país a raíz de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la participación de varios oaxaqueños en la negociación de San Andrés Larráinzar entre estos y el gobierno federal, las consulta elaborada por el gobierno federal y del Estado sobre la materia y las concreción de un discurso étnico en el movimiento indígena del Estado. Todo esto aunado a los intereses de legitimación de la clase gobernante, quienes en un principio solo concibieron una ley reglamentaria, pero al demostrarse su inconsistencia jurídica aceptaron introducir reformas a la Constitución del Estado y modificar su propuesta de ley reglamentaria, introduciendo algunos planteamientos de los pueblos indígenas y sus organizaciones, pero sin ir al fondo de ellos.

Como resultado de todas estas reformas, el texto actual de la Constitución del Estado, contiene varios preceptos en materia de derechos indígenas, que son los que a continuaciín se analizan, agrupándolos en dos partes: los sujetos colectivos de derecho y los derechos a ellos reconocidos.

4. Los sujetos de derechos

En este aspecto la Constitución estatal ha venido avanzando gradualmente, desde la mera referencia de los pueblos indígenas, pasando por su enunciación, hasta llegar a su situación actual. Al inicio del artículo 16 existe una norma declarativa en donde se establece que “el Estado de Oaxaca tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades indígenas que lo integran”; en una segunda parte del mismo numeral se enuncian los pueblos indígenas que se reconocen y son Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Náhuas, Triques, Zapotecos y Zoques. Después de la enunciación de los pueblos se establece que además de ellos, el Estado “reconoce a las comunidades indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos o culturales”. Entre estos últimos se incluyen a los Tacuates, localizados en la mixteca costeña, que según los antropólogos, no son un pueblo diferente a los reconocidos legalmente, sino mixtecos que por cuestiones históricas y sociales se diferencian de ellos. Al final del mismo párrafo se establece que “la ley reglamentaria protegerá a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedente de otros Estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca”.

La disposiciones anteriores son importantes porque reconocen la composici�n pluricultural de la población oaxaqueña y al establecer como base de ellos a los pueblos y comunidades indígenas que lo integran, implícitamente se está reconociendo que todas las culturas en él existentes tienen un mismo status y por lo mismo deben gozar de los mismos derechos que cada uno ejercerá según su propia visión. Derivado de lo anterior, en caso de conflicto entre ellas o sus miembros, no podrá preferirse una sobre otra sin violentar el orden jurídico; por el contrario, el Estado, su orden jurídico, debe asegurar el respeto de todas ellas en las mismas circunstancias.

En este mismo sentido, al aceptar la existencia en su territorio de múltiples culturas cuyo origen es la presencia originaria, no jerárquica, de los pueblos indígenas, a estos y sus integrantes se les debe garantizar el goce de los mismos derechos, pero no en las mismas condiciones sino en las que correspondan a la cultura de cada una de ellas. Esto es, la igualdad en la diversidad. Los mismos derechos pero ejercidos de la forma que cada uno elija de manera libre.

Ahora bien, la pluriculturalidad se funda en los pueblos y comunidades indígenas pero no solo se compone por ellos. De otra manera no se entendería que junto con los pueblos y comunidades indígenas se reconociera a sus agrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales, así como a las comunidades afromexicanas y a cualquier otro pueblo indígena de la república que se encuentre en el Estado.

En conclusión, la Constitución del Estado reconoce la existencia jurídica de cinco sujetos colectivos de derechos: los pueblos indígenas, las comunidades que los integran, las reagrupaciones étnicas, lingü&oicute;sticas o culturales de ellos, las comunidades afromexicanas y cualquier otro pueblo que siendo originario de otro estado de la república, por alguna circunstancia se encuentre el Estado.

5. Derechos reconocidos

a). Enunciación de los derechos reconocidos.

Inmediatamente después de la enunciación de los sujetos colectivos de derecho, el artículo 16 de la Constitución contempla una serie de derechos a reconocerles, entre ellos “sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general para todos los elementos que configuren su identidad”; algunos de estos derechos, se especifican en otros numerales de la Constitución. Así mismo, se determina que “ley reglamentaria establecerá las normas medidas y procedimientos que aseguren la protección y respeto de dichos derechos sociales, los cuales serán ejercidos directamente por las autoridades de los pueblos y comunidades o por quien legalmente los represente.” La referencia a la forma de ejercicio de los derechos está de más, pues aunque no se especificara, jurídicamente son las únicas formas válidas para hacerlo. La norma es consecuencia de un intento de prohibición de intermediación en su ejercicio, planteada en la iniciativa de reformas, la cual fue duramente criticada por restringir derechos reconocidos en otras leyes. En lugar de este texto hubiera sido mejor establecer sanciones para la falsa representación, como en su momento se sugirió.

b). Libredeterminación

Enseguida de la declaración de la pluriculturalidad étnica del Estado y antes de la enunciación los sujetos de derechos reconocidos, existe un párrafo donde se establece que “el derecho a la libredeterminación de los pueblos y comunidades indígenas se expresa como autonomía, en tanto partes integrantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden jurídico vigente; por tanto dichos pueblos y comunidades tienen personalidad jurídica de derecho público y gozan de derechos sociales. La ley reglamentaria establecerá las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas.”

La libredeterminación es un derecho fundamental de los pueblos, como la libertad del individuo, por eso es importante asegurar su ejercicio dentro de los Estados nacionales. Oaxaca es el único estado de la república que ha reconocido este derecho, pero de tal forma que restringe su ejercicio. Contribuyen a ello el hecho que la norma esté redactada en forma declarativa y no prescriptiva, en otras palabras, se informa sobre la forma que asume el derecho pero no se garantiza su ejercicio, mas que de la manera que se regule en la ley secundaria. En el mismo sentido opera el hecho que se diga que se ejercerá en el marco del orden jurídico vigente y este siga sin reformarse, manteniendo disposiciones que atentan contra la libertad de los pueblos, como es la existencia de delegaciones regionales de gobierno, la ausencia de representación indígena en la Cámara de Diputados, la inexistencia de un presupuesto específico para su desarrollo y la encomienda a la Procuraduría de Desarrollo Indígena de la vigilancia y aplicación de la ley.

La nota importante de esta disposición es que al tiempo que reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho les otorga personalidad jurídica de derecho público. Como bien es sabido entre los juristas, la personalidad jurídica es un conjunto de cualidades que constituyen la persona y esta es la única susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. La persona puede ser física o moral, de derecho privado o de derecho público. En este caso, la personalidad de los pueblos y comunidades es moral y de derecho público, por tanto tienen capacidad para ejercer los derechos que la ley les concede, además de los privados necesarios para cumplir sus funciones, independientemente que la ley no lo exprese así, que no tiene porque hacerlo, pues ellos se encuentran regulados en el derecho privado.

No está claro en la Constitución si tal personalidad se extiende a los demás sujetos de derecho reconocidos por ella misma pero puede aceptarse que si, basados en el principio de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición.

Otra observación que hay que formular a esta norma constitucional es que identifica los derechos de los pueblos y comunidades como sociales y no colectivos, siendo que son cosas distintas. Y aunque en la ley reglamentaria aclara que los derechos sociales son colectivos no se aclara que se entiende por estos, encerrándose en un circulo vicioso donde lo colectivo es social y lo social colectivo.

c). Sistemas normativos.

Un derecho colectivo establecido como garantía, en el párrafo octavo de la Constitución, es el referido a los sistemas normativos. En él se dice que “se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la jurisdicción de las autoridades comunitarias de los mismos”; enseguida se agrega que la ley reglamentaria establecerá los casos y formalidades en que proceda la jurisdicción mencionada y las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades comunitarias. Por virtud de esta disposición “el conjunto de normas jurídicas orales de carácter consuetudinario que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos y sus autoridades utilizan para la resolución de conflictos” podrán ser aplicados por sus autoridades de manera válida. La restricción a su uso es que solo podrán aplicarse a lo que la ley secundaria determine, que no siempre coincide con las competencias reconocidas en los propios sistemas normativos se reconocen a dichos autoridades por os miembros del pueblo o la comunidad de que se trate.

Es de observarse que al caracterizar a los sistemas normativos como integrados solo por normas orales de carácter consuetudinario se reduce su alcance ya que tales elementos son propios de una época histórica concreta y no consustanciales a ellos. Como fenómenos sociales los sistemas normativos indígenas se nutren de otros elementos, incluido el derecho positivo estatal, de ahí que al caracterizarlos debería de hacerse de tal manera que no se reduzcan a lo que ahora son, solo porque fue la única manera posible para su manifestación, pues se estaría ignorando que pueden llegar a adquirir otra forma sin perder su esencia.

d). Jurisdicción indígena.

La norma jurídica que reconoce los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas extiende dicho reconocimiento también a “la jurisdicción comunitaria de los mismos”. Eso hubiera sido suficiente para garantizar su aplicación pero al legislador le pareció necesario establecer un artículo específico sobre ella, sin modificar el anterior. Como consecuencia de ello junto a la disposición anteriormente citada tenemos que el artículo 138, bis de la Constitución de Oaxaca expresa que “la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente y en los términos que determine la ley reglamentaria del artículo 16 de esta Constitución.”

Esta norma jurídica puede dar lugar a confusiones pues prescribe que la jurisdicción se ejercerá por las autoridades comunitarias, y no las indígenas, que es mas específico; mientras a los sistemas normativos los nombra usos y costumbres, volviendo a un anacronismo que parecía superado. Asimismo, supedita el alcance de los “usos y costumbres” a lo que dispongan otras leyes elaboradas antes del reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho y por lo mismo ignoran la composición pluricultural del Estado, reduciendo su ámbito de aplicación a los “espacios vacíos” de estas, cuando pudo ponerse a su mismo nivel, como parte del orden jurídico.

e). Tierras, territorios y recursos naturales

En materia de tierras, territorios y recursos naturales se legisló sobre derechos cuyo ejercicio es jurídicamente imposible, pues se invadió la competencia federal. Al respecto se dice que “El Estado, en el ámbito de su competencia, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas el derecho social al uso y disfrute de sus tierras y territorios, en los términos de la ley reglamentaria; asimismo, de acuerdo a sus programas presupuestales, dictará medidas tendientes a procurar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Nótese que la norma restringe el reconocimiento de estos derechos al ámbito de competencia estatal, siendo que no tiene ninguna para legislar al respecto, pues por disposición de la Constitución Federal los recursos naturales deben regirse por lo que dispongan las leyes federales. Se quiso salvar esto reduciéndolo a lo que la ley reglamentaria disponga y en ella se dio una connotación bastante culturalista al territorio, como una forma de permitir su ejercicio. En esta materia no basta la legislación estatal para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; lo que hay que hacer es impulsar la reforma de la Constitución Federal para que el derecho a los recursos naturales pueda ser una realidad.

f). Derechos culturales.

Otro derecho reconocido a los pueblos y comunidades indígenas es el referido a sus culturas. Una primera disposición de la Constitución estatal referida a ellos es la contenida en su artículo 80, fracción XXIX, donde se establece la obligación del titular del Poder Ejecutivo del Estado de �impulsar y fortalecer las tradiciones comunitarias y el respeto a las culturas de las étnias del Estado.�

Hay que observar que aquí se confunde al sujeto de derecho pues se insiste en hablar de étnias en lugar de pueblos o comunidades, que jurídicamente es lo correcto por ser los sujetos de derecho que la misma Constitución reconoce. Además, la disposición es muy estrecha porque solo declara el fin que deben tener las acciones del gobernador, pero no especifica los procedimientos para hacerlo, lo que deja a este en entera libertad de actuar como mejor le parezca, a menos que alguna ley secundaria determine que acciones deberá asumir al respecto.

Por último, sobre la misma materia, el artículo 151 de la Constitución del Estado establece que “las autoridades fomentarán con preferencia las actividades turísticas que aprovechen los atractivos de toda índole que posee el Estado de Oaxaca y vigilarán que la realización de estas actividades preserve el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y como consecuencia de dichas actividades, no se deteriore el ambiente, ni demeriten sus propias riquezas turísticas.”

Aunque hace referencia directa a los indígenas, el contenido de este artículo mas que un reconocimiento y protección de sus derechos establece una puerta de entrada a las actividades turistas que personas ajenas a los pueblos y comunidades puedan desarrollar en sus tierras y territorios, con la única condición de que respeten su patrimonio cultural, lo cual puede dar pie a que la cultura indígena se convierta en simple folclor, mercancía barata para atraer turistas.

Otro tanto sucede con la última parte de la norma jurídica, pues el medio ambiente es un derecho de todo individuo y no solo de los indígenas, de tal manera que es interés de toda la humanidad su protección y no solo de estos. Pero lo que aquí se expresa es que se puede desarrollar el turismo en las propiedades indígenas solo cuidando que no se deteriore el medio ambiente.

Claro que tampoco prohibe que los pueblos indígenas por sí mismos y en uso de su derechos de autonomía, impulsen proyectos de etnoturismo y ecodesarrollo o desarrollo sustentable, pero esto, que la norma debería garantizar no lo establece.

Hay que tener cuidado con aquellas normas que bajo la idea de proteger los derechos de los pueblos indígenas, en realidad forman cortinas de humo tras las cuales sus derechos siempre estarán propensos a ser violados, incluso por el mismo Estado.

g). Derechos educativos.

De todas las constituciones de las entidades federativas de nuestro país la de Oaxaca es la que con mayor amplitud regula el derecho de los pueblos indígenas en materia educativa. Este derecho está contenido en el artículo 150 de la de la norma suprema del Estado que, en principio, se estructura en cinco párrafos, lo que ya en sí mismo da una idea de lo vasto de su contenido, sobretodo cuando se le compara con sus similares, que solo enuncian este derecho y remiten su regulación a las leyes reglamentarias de la materia. Todo esto no ha evitado que en él se encuentren imprecisiones y equívocos.

En el primer párrafo se determina que “la educación seguirá las normas que sean precisadas en la Constitución General y se procurará que los sistemas, planes y métodos de enseñanza sean adaptados de manera que respondan a las necesidades del desarrollo integral del Estado.” Ninguna novedad encontramos en esta disposición que vaya mas allá de los lineamientos generales que la Constitución Federal establece para la población en general pues en él solo se declara que se seguirán las normas de aquella incorporando las particularidades del Estado, no de los pueblos indígenas.

En el segundo párrafo ya se expresan algunos derechos específicos de los pueblos y comunidades indígenas en esta materia. En él se dice que �la educación de los alumnos para ser integral comprenderá además, la enseñanza de la Historia, la Geografía, la Ecología y los valores tradicionales de cada región étnica y en general, del Estado y se fomentará la impartición de conocimientos aplicables a la transformación política, social y económica para beneficio de los oaxaqueños.� Esta disposición pudo ampliarse para garantizar el carácter pluricultural de la educación, ni en esa ni en otra parte de la Constitución.

Una nota importante de ella es que amplía el contenido de la Constitución Federal en materia educativa, pues si la primera recoge los principios de aquella y ordena que al aplicarse a los planes de enseñanza del estado se adapten a las necesidades propias del desarrollo estatal, en esta ya se específica que dentro de los conocimientos a integrar se contemplen de manera obligatoria la Historia, la Geografía y la Ecología del Estado, así como los valores tradicionales de cada región étnica. Pese a la ambigüedad con que se recoge, pues no se establece con claridad que entender por “valores tradicionales” y se repite el error de confundir “región étnica” por pueblo indígena, aquí ya se ordena que sean parte de los planes de estudio. No hacerlo constituye una violación al mandato constitucional.

La inclusión de los “conocimientos aplicables a la transformación política, social y económica para beneficio de los oaxaqueños” además de prestarse a múltiples interpretaciones también nos parece ociosa, pues esto cualquiera que sea el sentido con que se le utilice, queda incluido entre los principios establecidos en la Constitución Federal, que, como ya explicamos, es válidamente aplicable para la educación que imparta el Estado, tanto porque así lo ordena la propia Constitución estatal, porque no se puede ignorar o ir en contra de lo que aquella prescribe para toda la república.

En el tercer párrafo del artículo que se comenta ya se establece específicamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, pues prescribe que “en las comunidades bilingües la enseñanza tenderá a conservar el idioma español y las lenguas indígenas de la regional.” Esta disposición hace referencia a aquellas comunidades indígenas que sin perder su lengua original, han aprendido el español, que es la lengua oficial. Para estos casos la Constitución del Estado ordena que la enseñanza contribuya al desarrollo de todas las diversas lenguas, lo cual es correcto, pues una educación pluricultural, bicultural o intercultural, no puede fincar la preservación y el desarrollo de una cultura sobre la desaparición de otra solo porque son distintas; por el contrario la educación debe impulsar la comunión de ambas, a fin de que cada cultura se enriquezca con lo que las otras le aporten.

Con fundamento en esta disposición, si algún plan de estudio o algún maestro al llevar a cabo la enseñanza aprendizaje lo hiciera prefiriendo una cultura por encima de otra, los afectados podrán hacer valer su derecho de la forma que la ley establezca.

El último párrafo de este artículo también está referido a la enseñanza dirigida a los pueblos y comunidades indígenas y en él se previene que en las comunidades que no hablen el español, su enseñanza será obligatoria; esta será impartida preferentemente por los Municipios y los padres de familia podrán intervenir en la planeación ajustándose a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. En esta norma se reconoce el derecho específico de las comunidades que conserven su lengua materna pero no hablen el español a fin que este se les enseñe junto con su idioma propio, lo cual es correcto pues su aprendizaje es indispensable para poder acceder a los adelantos de los conocimientos científicos, tecnológicos y culturales del hombre, ya que por ser lengua nacional, es también lengua “franca”, pues permite la comunicación entre todos los mexicanos. Cerrarse a aprender el español equivale a negarse a acceder a los conocimientos universales y al bienestar que ello puede aportar. Claro, esto no debe fincarse en la desaparición de la lengua materna, cuya existencia también está garantizado en la norma jurídica.

En este mismo artículo también se faculta a los Municipios para que, junto con la Federación y el Estado, se puedan hacer cargo de este tipo de educación, lo cual es un acierto pues son ellos los que mejor conocen de las necesidades de sus ciudadanos, pero para que esta facultad pueda ejercitarse necesitan contar con los recursos para hacerlo. Asimismo, establece el derecho de los Padres de Familia para intervenir en la planeación de la educación de sus hijos, con el único requisito de que se ajusten a los principios contenidos en la Constitución Federal y la del Estado. Como no se dice en que fase de la planeación pueden intervenir, ni de qué manera, se entiende que en cualquiera de ellas, o mejor dicho, en todo el proceso de planeación, pues no prohibiendo la ley que intervenga en alguno de ellos la autoridad administrativa no puede hacerlo. Además podrán hacerlo de manera colectiva, organizados o a título individual. Aunque lo mejor hubiera sido que se reconociera este derecho a los pueblos y comunidades indígenas y demás sujetos de derechos sociales reconocidos en el artículo 16 de la propia Constitución, a los cuales ya hicimos referencia.

Finalmente, hay que decir que con fundamento en estas disposiciones, la Ley Estatal de Educación regula de manera amplia los derechos de los pueblos indígenas en materia educativa.

h). Sistema electoral consuetudinario

La Constitución de Oaxaca reconoce los procedimientos de elección de autoridades propios de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, al cual denominamos sistema electoral consuetudinario. Este derecho se encuentra regulado en varias de sus disposiciones y leyes del Estado sobre la materia. En el primer caso se ubican en los artículos 16, 25, 29 y 98. El artículo 16 en su párrafo segundo contiene una declaración general sobre este derecho al decir que “la ley establecerá las normas, medidas y procedimientos que protejan y preserven el acervo cultural de las etnias y promoverá el desarrollo de las formas específicas de organización social de las comunidades indígenas.� Como puede verse, esta norma jurídica abarca varios aspectos y solo en su última parte hace referencia explícita a la promoción y desarrollo de las formas específicas de organización de las comunidades.

Lo anterior es importante porque como bien se sabe las estructuras organizativas de las comunidades indígenas en muchos casos son distintas a las que las leyes establecen para la población en general y cuando se quiere que las comunidades indígenas ejerzan estos derechos en base a estas, lo que se logra es violentarlos, pues no otra cosa representa obligarlos a asumir modelos organizativos que no son propios de ellos ni corresponden a la visión que tienen del orden, la armonía y la seguridad.

Ahí radica la importancia de esta declaración. Sin embargo hay que notar que para el ejercicio de este derecho se ignora a los pueblos indígenas y demás sujetos de derechos sociales reconocidos, además de quedar sujeto a lo que se disponga en la ley. Nótese que la disposición hace referencia a la ley en general y no a una ley en particular, por lo que puede ser cualquier ley que haga referencia a las formas de organización social. El ejercicio de este derecho se reglamenta en el Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Oaxaca y la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Ahora bien, como la anterior disposición no específica a que tipo de organización social se refiere puede entenderse que es cualquiera, pues es principio de derecho que donde la ley no distingue la autoridad no tiene porqu� hacerlo, de igual manera lo que no está expresamente prohibido a los gobernados se entiende permitido, por lo que la autoridad no puede poner restricciones ahí donde la ley no las tiene.

En materia de organización política se encuentran diversas normas. La primera de ellas, es el penúltimo párrafo del artículo 25, el cual expresa que la ley protegerá las tradiciones y prácticas democráticas de las comunidades indígenas, que hasta ahora han utilizado para la elección de sus ayuntamientos.� Esta es una garantía que se complementa con lo dispuesto por el artículo 29, el cual prescribe que “la elección de los Ayuntamientos se hará mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo y en los municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres, se observará lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 25 de esta Constitución y la legislación reglamentaria.” Por virtud de esta disposición en el Estado de Oaxaca existen dos formas de elección de autoridades: por partidos políticos, donde se agrupan individuos y por el sistema electoral consuetudinario, para pueblos y comunidades indígenas.

Por último, el artículo 98 determina que “Los Consejales electos por el sistema de usos y costumbres también tomarán posesión en la fecha en que se refiere el párrafo anterior y desempeñarán el cargo durante el tiempo que sus tradiciones y prácticas democráticas determinen, pero que no podrá exceder de tres años.”

Esto último es muy importante porque en los municipios indígenas de Oaxaca los cargos son gratuitos y regularmente duran un año, pues hacerlo mas tiempo sería muy difícil dada la falta de recursos para la manutención del que lo ocupa y de su familia. Con la flexibilización del tiempo que se desempeña el cargo los integrantes de los Ayuntamientos podrán durar un año en él y volver a realizar elecciones para nombrar a quien habrá de ocuparlo y evitar el fraude a la ley por medio del cual anteriormente las comunidades simulaban que quien ocupaba el cargo renunciaba a él y entraba un sustituto a ocuparlo, cuando en realidad era un verdadero cambio de autoridad.

i). Libre asociación de municipios y comunidades indígenas

Ahora bien, junto al sistema electoral consuetudinario, se encuentra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre asociación. Es el artículo 94, en su sexto párrafo, el que establece que los Municipios del Estado y las comunidades indígenas del mismo, podrán asociarse libremente, tomando en consideración su filiación étnica e histórica para formar asociaciones de pueblos y comunidades indígenas, que tengan por objeto el estudio de los problemas locales, la realización de programas de desarrollo común, el establecimiento de cuerpos de asesoramiento técnico, la capacitación de sus funcionarios y empleados, la instrumentación de programas de urbanismo y todas las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades y pueblos.

Con fundamento en esta disposición jurídica los municipios que pertenezcan a un mismo pueblo indígena podrán unirse para fines administrativos de organización y ejecución de programas de desarrollo, pero sin modificar los límites de cada uno de ellos ni alterar sus formas de organización interna. Con ello se resuelve en parte el problema de aquellos pueblos y comunidades que han sido divididos en varios municipios y que histórica y culturalmente se identifiquen como uno solo. Los fines de esta unión solo tiene como límites el respeto a la integridad de los municipios que se unan, pues los asuntos que ahí se enlistan son solo algunos de ellos, ya que el último inciso dice que pueden hacerlo en cualquier actividad que tienda a promover el bienestar y progreso de los pueblos y las comunidades indígenas.

En otras palabras, las uniones que los municipios de Oaxaca pueden realizar por autorización de la Constitución del Estado no llegan al grado de desintegrar o modificar sus límites y estructuras, son uniones administrativas, de planeación y ejecución. El pueblo indígena que persiga esos objetivos tendrá que plantearlos por otro procedimiento que la misma Constitución establece para todos los municipios que tengan esas pretensiones, sean o no indígenas.

Este derecho, como el anterior, sin perder su importancia, siguen siendo limitados, pues solo atienden a la forma y no al fondo de los derechos políticos. Queda pendiente atender la remunicipalización y las facultades de los Ayuntamientos.

j). Derecho a conservar el tequio

Como anotamos con anterioridad, el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución estatal no solo hace referencia a la organización política sino abarca cualquier tipo de organización pues el enunciado donde se contempla dice que la ley “promoverá el desarrollo de las formas específicas de organización social de las comunidades indígenas”. Lo anterior guarda estrecha relación con la contenida en el artículo 12, párrafo tercero, de la propia Constitución referido a la institución del tequio, práctica cultural específica de muchos pueblos indígenas.

La mencionada norma jurídica establece que “las autoridades de los municipios y comunidades preservarán el tequio como expresión de solidaridad según los usos de cada pueblo y comunidad indígenas. Los tequios encaminados a la realización de obras de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas, de las autoridades municipales y de las comunitarias de cada pueblo y comunidad indígena, podrán ser considerados por la ley como pago de contribuciones municipales; la ley determinará las autoridades y procedimientos tendientes a resolver las controversias que se susciten con motivo de la prestación del tequio.”

Como muchos bien saben, el tequio es el trabajo colectivo que los miembros de una comunidad realizan de manera gratuita y obligatoria para beneficio de ella. Esta es una institución propia de los indígenas y tiene raíces ancestrales. Por virtud de esta disposición cuando un pueblo o comunidad, o sus autoridades, según sea el caso, acuerden libremente realizar el tequio, no podrá ningún ciudadano rehusarse a cumplir con él y en caso de negarse estará violando los derechos de sus compañeros, quienes podrán reclamarle su cumplimiento ante la Secretaría de Gobernación o el H. Congreso del Estado, según dispone la ley; lo cual nos parece incorrecto pues los órganos que por su propia naturaleza deben hacerlo son los tribunales. Un contenido importante de esta norma es que cuando se trate de obras en que se necesite que el pueblo o comunidad beneficiada contribuya económicamente junto con el gobierno para ejecución, los interesados podrán incluir sus jornadas de tequio como si aportaran dinero en efectivo. Con esto se da validez a una práctica que ya se estaba volviendo cotidiana.

Una deficiencia que se nota en esta norma jurídica es que no reconoce explícitamente al tequio como un derecho colectivo, limitándose a facultar a las autoridades a preservarlo.

k). Derecho de acceso a la justicia penal

En materia de impartición de justicia son importantes los párrafos cuarto y quinto del artículo 16 de la Constitución del Estado. Veamos cada uno por separado. El párrafo mencionado en primer término determina que “la ley establecerá los procedimientos que aseguren a los indígenas el acceso efectivo a la protección jurídica que el Estado brinda a todos sus habitantes.”

La mención que en esta disposición se hace para que en la ley se establezcan los procedimientos que aseguren a los indígenas el efectivo acceso a la protección jurídica que el Estado brinda a sus habitantes está referida a las leyes adjetivas, las que establecen los procedimientos para que los gobernados podamos acudir a los órganos del Estado en busca de justicia cuando consideremos que nuestros derechos han sido violados.

La disposición no se restringe a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial del Estado sino a todos los que pertenezcan al Estado, de ahí que sea aplicable también a los tribunales administrativos y aún a los órganos de gobierno que no revistan carácter de tribunal, es decir, aquellos que no tengan que emitir una resolución previo procedimiento. Incluye asimismo el acceso a los órganos del Poder Legislativo cuando esto sea necesario para hacer valer un derecho.

Solo que mas allá de reconocer que los indígenas no han podido acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado esta norma no tiene mayor impacto jurídico pues el no acceso de los indígenas a la justicia no es consecuencia de que no existan procedimientos sino que no son los adecuados, a lo cual se agrega el desconocimiento de ellos por los interesados, o bien a lo costoso que resulta acceder a ellos. Si fuera por falta de procedimientos que los indígenas no acceden a la justicia tampoco podr�an tener acceso a ella las personas que no son indígenas.

Por otro lado, cualquier persona que considere que sus derechos han sido violados por alg�n acto de autoridad, sea administrativa, judicial o legislativa, puede utilizar los recursos que las leyes establecen para reparar el agravio y si no los contemplaran les queda el derecho de acudir a la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo. Por eso mas que hablar de establecer los procedimientos hay que crear condiciones para que los ind�genas verdaderamente puedan acceder a ellos.

El párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Estatal es mas acorde en este sentido pues establece que “En los juicios en que un indígena sea parte, las autoridades se asegurarán que de preferencia los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua nativa o, en su defecto, cuenten con un traductor bilingüe y se tomarán en consideración dentro del marco de la ley vigente, su condición, prácticas y costumbres, durante el proceso y al dictar sentencia.

Tres aspectos resaltan de esta disposición. El primero de ellos hace referencia a los juicios en que un indígena sea parte. No se refiere a un tipo de juicio en especial sino a cualquiera de ellos, por lo que quedan englobados todos y no solo los penales, como regularmente se piensa. Ahora bien, queda por resolver lo que se debe entender por juicio y tambi�n como interpretar la expresi�n “que un ind�gena sea parte”. Intentémoslo.

El problema de qué entender por juicio se plantea porque regularmente se entiende por ello el procedimiento que se sigue ante las autoridades que pertenecen al poder judicial. Sin embargo, también hay que incluir algunas autoridades que no son propiamente tribunales y emiten resoluciones después de desahogar un procedimiento en forma de juicio, como son los tribunales de lo contencioso administrativo. En todos los actos que ellos emitan, en donde un indígena sea parte interesada deberá respetarse lo estipulado por esta norma.
Por otro lado la expresión “que un indígena sea parte” no debe llevarnos a pensar solo en la hipótesis donde por un lado exista un indígena y por otro un mestizo, pues esa solo es una de ellas. Pueden presentarse por lo menos otras dos: una donde las dos partes sean indígenas pertenecientes a distintos pueblos, un mixteco y un triqui, por ejemplo y otra donde ambas sean indígenas y pertenezcan al mismo pueblo. En los tres casos debe observarse esta disposición

Un segundo aspecto está contenido en la parte de la norma jurídica donde se dispone que cuando un indígena sea parte en un juicio “las autoridades se asegurarán que de preferencia los procuradores y jueces sean hablantes de la lengua nativa o cuenten con un traductor bilingñe”. La forma en que esta disposición se encuentra redactada da lugar a muchas y variadas interpretaciones. En primer lugar la expresi�n “asegurar que de preferencia” no deja claro si es una obligación de las autoridades nombrar jueces y procuradores indígenas o una facultad discrecional, pues se dice que cuando esto no sea posible puede optarse por otro mecanismo. Al parecer se trata de una obligación condicionada a que existan situaciones sociales para llevarla a cabo, lo cual no estaría mal si tal condici�n no dependiera del propio obligado a cumplir la ley.

En este mismo sentido, que una persona hable la lengua nativa de los procesados o quienes acuden en busca de justicia aunque no tengan esa condición, es insuficiente para que entienda lo mismo que están entendiendo las personas que acuden a él para hacer valer sus derechos; en sentido opuesto, alguien que no hable la lengua nativa de ellos bien puede entenderlos. Esto es as� porque la lengua aún siendo la lengua un elemento cultural importante para diferenciar a un indígena de quien no lo es, no resulta determinante para ello. Puede darse el caso de que alguien siendo indígena haya perdido la lengua o practique una variante dialectal y no por eso deje de serlo y también cabe la posibilidad de que quien no lo es la haya aprendido. La norma jurídica debió en todo caso asegurar que tanto el juzgador como los juzgados estuvieran entendiendo lo mismo en el proceso.

En este mismo sentido la norma que se comenta prescribe que cuando un juez o procurador no sea indígena y una de las partes o ambas lo sean, aquel cuente con un traductor bilingüe. Nótese que la ley ordena que quien tenga el traductor sea el juez o procurador y no las partes, que es lo mas común en los códigos de procedimiento. En este caso es el juez el obligado a conseguir el traductor y las partes tienen la garantía para que lo haga.

Algo muy importante es que en la Constitución se reconozca el derecho de los gobernados de que se tomen en cuenta su condición, prácticas y costumbres, tanto durante el proceso como al momento de dictar la sentencia correspondiente. Como no dice a que condici�n se refiere se puede interpretar que se trata de su condición de diferencia cultural, pues es lo que da sustento a los derechos de los pueblos indígenas; de igual manera, por prácticas y costumbres hay que entender los sistemas normativos que regularmente utilizan los indígenas para ordenar su conducta social y resolver sus conflictos en su comunidad, pues aunque hacen referencia a lo mismo este lenguaje es mas apropiado.

Un candado muy fuerte es todo ello se remite al contenido de las legislaciones secundarias respectivas, por lo que, para conocer el alcance de estas disposiciones habrá que acudir a ellas, y donde no exista reglamentación, estos derechos no podrán ejercerse. En este caso específico hay que atenerse al contenido de los códigos penal y de procedimientos penales del Estado.

l). Conciliaciones agrarias.

En la Constitución existe referencia a la resolución de conflictos agrarios por la v�a conciliatoria y se regula en los artículos 16, párrafo sexto, lo mismo que el 90 bis, de ella. En el primero se dice que �en los conflictos de límites ejidales, municipales o de bienes comunales, el Estado promoverá la conciliación y concertación para la solución definitiva, con la participación de las autoridades comunitarias de los pueblos y comunidades indígenas.� La norma jurídica indebidamente se refiere también a conflictos municipales por límites siendo que existe un procedimiento específico para ello. Afortunadamente en la legislación reglamentaria esta materia desaparece.

La anterior disposición se refiere a qué hacer para contribuir a la solución de los conflictos agrarios, pero no cómo se realizarán dichas acciones. Esto se especifica en el siguiente de los artículos citados, el cual expresa que “la ley organizará una Junta de Conciliación Agraria con funciones exclusivamente conciliatorias que obrará como amigable componedora y en sus laudos, respetará estrictamente las disposiciones federales sobre la materia”; asimismo prescribe que “el propósito de la Junta de Conciliación Agraria, además, promover que las resoluciones que dicten las autoridades agrarias se apoyen y funden en los acuerdos conciliatorios entre las comunidades, para que estos tengan el valor jurídico de cosa juzgada”. Por último se determina que “la Junta de Conciliación Agraria deberá constituir sus agencias de acuerdo a cada región y grupo étnico” y “sus miembros serán nombrados por el Gobernador.”

Así ya queda claro que las conciliaciones que promueva el gobierno del Estado para resolver los conflictos agrarios se harán a través de la Junta de Conciliación Agraria. También se especifica que sus actos se sujetarán a lo que sobre la materia disponen las leyes federales sobre la materia. De ahí que su actividad solamente pueda ser de coadyuvancia pues la solución de este tipo de controversias queda reservada a los tribunales agrarios, que son de carácter federal. Otro aspecto ahí contenido es que la junta deberá instalar por lo menos una delegación en cada región étnica y el nombramiento de sus miembros queda reservado al gobernador del Estado.

En síntesis, la Junta de Conciliación Agraria no tiene mas función que la de promover acuerdos conciliatorios entre las comunidades indígenas o no indígenas que enfrenten problemas por límites, las cuales pueden realizarse aún sin su existencia, siempre que haya voluntad de las partes involucradas; sus actos deben sujetarse a lo estipulado en la legislación agraria federal, lo que en se convierte en una limitación que solo puede resolverse modificando la Constitución Federal, Por último, sus integrantes deben ser nombrados por el gobernador. No está demás decir que ninguna comunidad está obligada a someterse a sus competencia o sus resoluciones.

ll). Acceso al registro civil

La Constitución contiene también una referencia al derecho de los individuos indígenas, no sus pueblos ni comunidades, al acceso al servicio de registro civil. En ella se dice que “la ley reglamentaria establecerá normas y procedimientos que permitan la eficaz prestación de los servicios del Registro Civil y de otras instituciones vinculadas con dichos servicios a los pueblos y comunidades indígenas, así como las sanciones que procedan para el caso de incumplimiento.” En estricto sentido este no es un derecho cuyos titulares puedan ser los pueblos o comunidades indígenas, porque no es de naturaleza colectiva sino individual. No obstante ello, su inclusión se justifica si se toma en cuenta que los indígenas conforman el sector social que mas dificultades tiene para acceder a él. Solo que tiene el defecto de que se eficacia depende de lo que se determine en la legislación secundaria y solo se refiere al acceso a un servicio público general, sin atender a los mecanismos de asignación de nombres y apellidos propios de los pueblos y comunidades indígenas.

m). Delitos étnicos.

Una última disposición de la Constitución estatal en materia de derechos indígenas está referido al castigo que se aplicará a quienes con su conducta atenten contra ellos y su cultura. Al respecto se establece que “la ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación étnica y las conductas etnocidas; así como el saqueo cultural en el Estado. Igualmente protegerá a los pueblos y comunidades indígenas contra reacomodos y desplazamientos, determinando los derechos y obligaciones que se deriven de los casos de excepción que pudieran darse, así como las sanciones que procedan con motivo de su contravención”. Congruente con esto la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Oaxaca establece los delitos de etnocidio y discriminación, pero de manera tan confusa que su aplicación será bastante difícil.

Conclusiones.

La diversidad cultural del Estado de Oaxaca, que encuentra uno de sus principales sustentos en los diferentes pueblos y comunidades indígenas que en su territorio existen ha hecho necesario que se legisle sobre esta materia, sobretodo porque es un reclamo constante de los propios interesados.

En la actual Constitución Política del Estado existen algunos avances sobre ello: se ha reconocido la existencia de diversos sujetos colectivos, entre ellos los pueblos indígenas, sus comunidades y reagrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales, las comunidades afromexicanas y cualquier pueblo indígena de la república que se encuentre en el Estado. De igual manera se han reglamentado algunos de sus derechos; entre los que figuran los la libredeterminación, el reconocimiento de sus sistemas normativos y su jurisdicción, acceso a tierras, territorios y recursos naturales, culturales, educativos, políticos, de conservación de sus formas específicas de organización social, de acceso a la justicia frente a los órganos del Estado y específicamente en materia penal y agraria, así como la tipificación de los delitos de etnocidio y discriminación.

No todos estos derechos se han reglamentado de la mejor manera. En muchos casos subsiste la idea de homogeneizar las culturas y algunas menciones a ellos mas que derechos parecen puertas para su violación. A esto hay que agregar el voluntarismo que ha privado a la hora de legislar, lo difícil de sacar una norma clara en una discusión política donde no todos están de acuerdo y el desconocimiento de la técnica jurídica. Sin embargo tampoco se puede afirmar que no haya avance. La sola existencia de contenidos de derechos indígenas en la Constitución estatal y diversas leyes del Estado habla en sentido contrario y las insuficiencias y defectos son propias de un camino que es largo y tortuoso. Todavía se trata, como alguna vez anotamos, de un reconocimiento mutilado de la diversidad cultural. O tal vez sería mas correcto hablar ahora de una diversidad restringida. No obstante son reformas que abren espacios rumbo al reconocimiento de la pluralidad cultural y lo que ello implica, y seguramente seguirán teniendo impacto no solo a nivel estatal, sino también nacional.

Por el pleno reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas tenemos que continuar luchando quienes caminamos en ese sentido. Además de nuevas reformas constitucionales se requiere promover adecuaciones a la legislación reglamentaria que las impacten, para que los derechos reconocidos puedan ejercerse. Junto a ello reformar diversas instituciones, especialmente la Procuraduría para la Defensa del Indígena, a la cual se han otorgado diversas facultades que no podrá cumplir satisfactoriamente con su actual estructura.

Falta mucho por arribar al destino. El camino es largo, pero el pueblo avanza. A paso lento, pero avanza.

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